Para transmitir sueños, guardar memorias y contar historias, el cine necesita la creación de espacios propios que permitan su realización. En varias naciones, este hecho se reconoce jurídicamente en un instrumento llamado Ley de Cine.
La Ley de Cine es una estructura jurídica, utilizada en varios países a nivel mundial, para regular y fomentar la «industria cinematográfica» en todas sus etapas: preproducción, producción, posproducción y distribución. La Ley de Cine permite generar un marco de incentivos públicos y apoyos legales para su desarrollo.
En Latinoamérica, el Ecuador fue el penúltimo país en aprobar una Ley de Cine, después de 30 años de lucha de los cineastas, organizados en la extinta Asociación de Cineastas del Ecuador (ASOCINE).
En el año 2006, el entonces llamado Congreso Nacional del Ecuador –ahora, Asamblea Nacional– aprobó la Ley de Fomento del Cine Nacional, normativa que creó el Fondo de Fomento Cinematográfico —primera entidad pública que regentó un incentivo financiero para el arte en el Ecuador—.
Los fondos públicos se volvieron un mecanismo para el fomento a la producción cinematográfica en el país y su ente rector fue el Consejo Nacional de Cinematografía —CNCINE—, creado por la misma ley. No obstante, esta primera ley para el cine nacional fue sustituida el 30 de diciembre de 2016 por la actual Ley Orgánica de Cultura.
Los inesperados cambios institucionales que se han suscitado posteriormente no permiten desarrollar una política pública para el sector. La inestabilidad genera incertidumbre y desorganización. Aisladamente, diferentes voces de cineastas, que han transitado en la búsqueda de un marco legal propio, se han alzado para volver a construir una institucionalidad funcional para la actividad cinematográfica en el Ecuador.
Las variantes en el marco legal del cine ecuatoriano son un laberinto que los cineastas deben sortear, para tener voz frente al Estado: una verdadera odisea.
En una conversación con Pocho Álvarez y Manolo Sarmiento, se busca entender las turbulentas aguas de la política pública para el cine nacional.
Una de las normativas que ha condicionado al quehacer cinematográfico fue el decreto 1089, «fusión», que creó el IFCI en el año 2020, bajo el mandato del entonces Ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco.
En el Gobierno del ex presidente Lenin Moreno, el cantautor y gestor cultural Juan Fernando Velasco asumió el reto de ser el titular del Ministerio de Cultura (MCP) para un período marcado por la inestabilidad política, económica y sanitaria, debido a la pandemia del COVID-19.
Dentro de su administración, se aplicaron cambios al MCP, que trajeron nuevas iniciativas, como la economía naranja, con el fin de impulsar a las artes a una escala de industria.
Los trabajadores del arte y la cultura, que son industrias, deben acceder a las herramientas necesarias, y el Estado debe brindar las garantías para realizar su actividad como cualquier otra actividad económica.
(Juan Fernando Velasco, comunicación personal, 2025)
El 8 de mayo de 2020, el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, IFAIC, se fusiona con el Instituto de Cine y creación audiovisual ICCA, para crear el actual, IFCI, Instituto de Fomento de Creatividad e Innovación.
Decreto Ejecutivo justificado por la crisis económica.
Se redujeron gastos administrativos, los fondos de fomento no se tocaron.
Los cineastas tenían varias preocupaciones, por lo que desde el Ministerio se dieron las explicaciones del caso y consultaron cómo ayudar para no perjudicar su quehacer.
Según Juan Fernando Velasco, el sector cinematográfico le era desconocido, por lo que se apoyó en algunos cineastas para elaborar una propuesta para la Asamblea, que los beneficie tras la fusión: un retorno de inversión a la producción audiovisual, una propuesta que el Legislativo olvidó porque los cineastas criticaron a la gestión gubernamental.
Estas medidas se tomaron como aporte para ayudar a la realidad país que estaba en crisis, comenta Juan Fernando Velasco. Ahora que se ha activado la economía, nuevamente se puede repensar en volver al ICCA.
Juan Fernando Velasco es optimista con el futuro del cine en el país: siente que tiene potencial y debe olvidar las agruras políticas para continuar creciendo.
Los Fondos de Fomento son la iniciativa para el cine nacional que se ha mantenido en toda administración. Dentro del análisis de Pocho Álvarez, 100 años del cine ecuatoriano: la ficción de un mito y las ironías de su historia, existe una comparativa entre las administraciones del Consejo Nacional de Cine (CNCINE), vista conjuntamente con la del Instituto de Creatividad y Creación Audiovisual (ICCA), versus la administración del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación (IFCI). En la gráfica se presentan los montos entregados cada año a los diferentes proyectos.
Durante las administraciones del CNCINE y el ICCA, el monto que se destinó al fomento del cine llegó a los USD 11.781.727,34 para 508 proyectos en 12 años.
El promedio de entrega de fondos por año en la administración del CNCINE fue de USD 900.083,33.
Mientras que el ICCA manejaba un promedio de USD 1.261.715,67.
Durante los 4 años de la administración del IFCI, se han destinado USD 1.857.990 para 79 proyectos, con una tendencia de aumento constante.
En 2020 se destinaron USD 1.857.990,00 para 79 proyectos. En 2021 y 2022 se entregaron USD 1.420.000,00 en 64 proyectos. Mientras que para 2023 USD 2.629.535,00 para 42 proyectos; monto que aumento en 2024 a USD 3.261.000,00 para 50 proyectos.
Desde 2023, los fondos del IFCI contemplaron al mercado emergente de los videojuegos como una nueva línea de fomento dentro de la categoría de cine. Se puede ver que el financiamiento es más alto, no obstante el número de proyectos apoyados ha disminuido y las categorías a concurso casi no contemplan la difusión.
Los fondos no consideran la cobertura total de la producción, sino parcial de la misma. La falta de claridad en las líneas de fomento ha provocado más debilidades que fortalezas. Jorge Luis Serrano, exdirector del CNCINE, menciona que el Consejo Nacional de Cinematografía tenía como deber no permitir las discrecionalidades en el proceso de selección de los proyectos; la transparencia fue la forma de evitar que los intereses personales se crucen en los concursos. Sin embargo, en la actualidad, la falta de regulación y control de la normativa, no permite evidenciar cómo está siendo gestionada la administración del IFCI.
Más allá de los fondos de fomento, los incentivos tributarios que tiene el cine para su apropiada ejecución aportan a crear una base con la cual se busca mejorar la actividad cinematográfica. El Dr. Franklin Barriga Bedoya –abogado de la República y profesor de la Facultad de Aprendizaje, Lenguas y Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador– indica que, para fomentar la producción en el sector cinematográfico, se debe otorgar facilidades tributarias y no excederse en impuestos para permitir el desarrollo de la industria. También recomienda mantener los incentivos de fomento para impulsar a las producciones y garantizar seguridad social y tributaria para un digno ejercicio laboral.
